El Observatorio de Políticas Migratorias presentó el 29 de octubre un balance que reconoce mejoras en la vigilancia fronteriza, pero señala tareas pendientes en los mercados fronterizos y la incorporación de trabajadores dominicanos a la agricultura y la construcción.
Su cuarto informe da seguimiento a las 15 medidas migratorias anunciadas por el Poder Ejecutivo en abril de 2025. La evaluación se concentra en abril-agosto de 2026 e incorpora actualizaciones de septiembre.
El Observatorio afirma que no verificó avances en la consolidación de los reglamentos de los mercados fronterizos, cuya aprobación corresponde a los concejos municipales. Recomienda apoyo técnico del Gobierno central y mayor coordinación local. Aunque identifica una mayor articulación entre actores en Dajabón, aclara que eso no representa el cumplimiento general de la medida.
En materia laboral, propone que Supérate formule y divulgue un plan de inserción de trabajadores dominicanos en agricultura y construcción, con incentivos y metas verificables. También considera insuficiente la modernización tecnológica de la construcción y plantea acelerar iniciativas públicas y privadas.
El documento recoge mejoras en movilidad, comunicaciones, abastecimiento e instalaciones para la vigilancia fronteriza. Según los datos oficiales incluidos, el despliegue total es de 11,000 efectivos; esa cifra ya comprende los 1,500 militares adicionales.
Sobre la verja fronteriza, reporta 54 kilómetros concluidos y un avance del 70 % en otros 13 kilómetros entre La Sal y Capotillo. La fecha prevista de terminación de ese tramo pasó de mayo a diciembre de 2026, de acuerdo con la evaluación.
Para abril-agosto, el informe registra 90,636 detenciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular, de las cuales 30,290 correspondieron a las cinco provincias fronterizas, un 33.42 %. Las cifras describen actuaciones reportadas por Migración y no deben sumarse a los registros de deportaciones y repatriaciones como si fueran personas distintas.
El propio Observatorio recomienda conciliar las diferencias entre algunos totales y sus desgloses estadísticos para facilitar la evaluación de resultados. También pide que los recursos destinados a seguridad fronteriza y control migratorio se vinculen a metas y mecanismos de rendición de cuentas.
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