El aumento del marbete devuelve al debate una pregunta que merece respuesta más allá de la temporada de renovación: ¿qué puede exigir el ciudadano al Estado cuando se le pide aportar más? Cumplir con los impuestos es una obligación. Administrarlos con responsabilidad, explicar las decisiones y demostrar resultados también lo es.
La Dirección General de Impuestos Internos anunció el 29 de octubre las tarifas para el período 2026–2027: RD$2,000 para vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los de 2022 en adelante. Para quienes permanecen en el mismo tramo, el incremento es de RD$500 o RD$1,000, equivalente al 33.3%. No todos enfrentan esa subida: los vehículos de 2021 pasan al tramo de menor tarifa.
La DGII sostiene que los montos no se modificaban desde 2016 y explica el ajuste por la inflación acumulada. Además, proyecta RD$1,175 millones de ingresos adicionales durante esta temporada. Esa estimación todavía debe materializarse. Corresponde reconocer la explicación oficial y examinar, con igual atención, qué compromisos acompañan el esfuerzo solicitado al contribuyente.
Para una familia, quinientos o mil pesos adicionales compiten con otras necesidades. Para quien utiliza su vehículo como herramienta de trabajo, forman parte de los costos de sostener su actividad. La discusión merece sensibilidad frente a esas realidades, sin reducirla a una disputa entre quienes defienden cualquier cobro y quienes rechazan toda contribución.
El país necesita recursos para financiar servicios, mantener infraestructura y atender responsabilidades colectivas. Pretender mejores prestaciones sin discutir cómo pagarlas sería insuficiente. También lo sería pedir mayores aportes sin someter el gasto a preguntas claras: ¿qué prioridades se financiarán?, ¿qué resultados se esperan?, ¿cómo podrá comprobarlos la población?
La confianza fiscal exige obligaciones en ambas direcciones. Al contribuyente se le establecen montos, plazos y recargos. Las instituciones deben ofrecer una claridad comparable sobre sus metas, el uso del dinero y las razones de los resultados obtenidos. La rendición de cuentas debe ser una práctica regular, comprensible y accesible, no una explicación reservada para cuando surge una controversia.
Publicar documentos es necesario, pero el ciudadano no debería necesitar conocimientos especializados para entender qué se hizo con los recursos públicos. Cada institución puede explicar cuánto recibió, qué ejecutó, qué quedó pendiente y por qué. Cuando una meta se incumple, corresponde informar las causas y las medidas correctivas, con responsables y fechas de seguimiento.
El marbete permite abrir esta conversación, aunque sería incorrecto suponer que su recaudación debe destinarse exclusivamente a reparar calles o construir carreteras. La propia DGII ha relacionado los ingresos adicionales con las prioridades presupuestarias nacionales. Precisamente por eso, la evaluación debe abarcar la calidad del gasto público y los servicios que reciben las personas.
La exigencia tampoco puede limitarse a gastar menos por principio. Hay inversiones necesarias que requieren continuidad y servicios cuya mejora demanda recursos. Lo razonable es examinar pertinencia, costos y resultados; corregir duplicidades cuando se comprueben y proteger aquello que produce beneficios verificables. La austeridad tiene sentido cuando mejora la administración, no cuando sirve de excusa para abandonar necesidades esenciales.
El ciudadano, por su parte, debe cumplir y utilizar los canales disponibles para reclamar explicaciones. La inconformidad no elimina las obligaciones tributarias. Tampoco el pago obliga a guardar silencio. Una sociedad que contribuye tiene razones legítimas para vigilar, preguntar y participar en la discusión sobre las prioridades del presupuesto.
El debate sobre el marbete debería dejar algo más que una nueva cifra en el recibo. Es una oportunidad para fortalecer la relación entre contribución, transparencia y servicio público. Si el Estado pide un esfuerzo mayor, debe estar dispuesto a explicar mejor sus decisiones y permitir que sus resultados sean examinados.
Cobrar corresponde a la administración tributaria. Convertir esos recursos en respuestas útiles compromete al conjunto del Estado. La confianza se construye cuando ambas responsabilidades se cumplen.
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