La provincia necesita una conexión segura y duradera, sustentada en estudios, y un acceso confiable mientras se ejecuta la solución. La decisión debe responder al futuro de Ocoa.
San José de Ocoa debe decidir el futuro del kilómetro 4 pensando en las próximas décadas. Los antecedentes de derrumbes en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa justifican dar prioridad a una variante que reduzca de manera comprobable la exposición de la vía a los riesgos del tramo actual. Esa decisión puede requerir más tiempo que una reparación puntual. La provincia merece asumir ese esfuerzo si obtiene a cambio una conexión más segura y duradera.
El cambio de trazado anunciado por el presidente Luis Abinader durante su visita a Ocoa, el 4 de octubre, abre esa posibilidad. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explicó que se proyectaba una variante de aproximadamente ocho kilómetros, con un nuevo puente, y que los diseños geotécnicos estaban en proceso de culminación. Ese anuncio compromete al Gobierno a presentar una solución ejecutable, con los recursos y la planificación necesarios para llevarla hasta el final.
El senador de la provincia ha planteado reparar y reforzar los puntos afectados. Su propuesta merece una evaluación seria, al igual que debe reconocerse su gestión para que el Servicio Geológico Nacional estudiara el problema y presentara sus resultados a la provincia. El paso siguiente debe ser comparar las alternativas con los mismos criterios de seguridad, durabilidad y costo. El interés de Ocoa exige que la decisión final se apoye en esa evaluación.
La Fundación Ocoa de Pie ha respaldado el nuevo trazado y ha invocado estudios sobre las condiciones del terreno, el drenaje y la acción del río. Su posición aporta una perspectiva de largo plazo que merece atención. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas poner los informes y sus conclusiones al alcance de la población, para que ese debate avance sobre información que todos puedan examinar. El respaldo social tendrá más valor cuanto mejor documentada esté la solución.
El criterio decisivo debe ser cuánto riesgo elimina cada alternativa y durante cuánto tiempo puede prestar un servicio confiable. Una reparación integral del trazado existente podría ser defendible si los estudios demuestran que controla las causas del problema con una seguridad y un costo razonables. Si permanece una vulnerabilidad difícil de manejar, insistir en ese recorrido comprometería a la provincia a seguir dependiendo de intervenciones recurrentes. Esa es la comparación que debe resolverse antes de comprometer la inversión definitiva.
Para Ocoa, la interrupción de una carretera también tiene un costo fuera del presupuesto de Obras Públicas. Las dificultades para movilizar productos y las pérdidas de carga sufridas por transportistas en abril muestran el alcance de ese problema. La decisión debe considerar los ingresos de los productores, el acceso a los servicios y el tiempo de quienes necesitan desplazarse. Una obra debe medirse por el servicio que sostiene a lo largo de su vida útil, incluyendo su mantenimiento y las consecuencias de futuras interrupciones.
El plazo de ejecución debe pesar en la decisión, sin desplazar la seguridad y la durabilidad. Sería razonable aceptar una obra más prolongada si la comparación técnica demuestra una mejora sustancial para la provincia. Esa espera exige, a su vez, un calendario público, financiamiento definido y avances verificables. Ocoa puede comprender el tiempo necesario para construir bien; las autoridades deben justificarlo con trabajo y resultados.
Mientras se desarrolla la solución permanente, el Estado debe asegurar la mejor conexión provisional que los técnicos consideren viable. Esto requiere informar con claridad las condiciones de circulación, vigilar el terreno y establecer medidas ante lluvias o nuevos movimientos. Cuando un punto no permita el paso seguro, las autoridades deben comunicar las restricciones y organizar una alternativa. Los productores y las familias necesitan previsibilidad durante la obra, además de una promesa sobre su terminación.
Las recomendaciones del ingeniero Pavel Santana contemplan habilitar los tramos afectados mediante intervenciones puntuales y continuar una variante alejada del cauce del río Ocoa. Esa orientación permite coordinar la atención inmediata y la obra permanente dentro de un mismo plan. La inversión provisional debe tener una función definida y un seguimiento que impida convertirla, por inercia, en la única respuesta. Reparar para mantener el acceso puede ser necesario mientras se construye la solución de largo plazo.
El nuevo trazado también deberá demostrar sus méritos. Obras Públicas debe explicar la estabilidad de los terrenos que atravesaría, el manejo de las aguas, sus pendientes y curvas, los impactos ambientales y las afectaciones a propiedades y comunidades. La comparación debe incluir construcción, mantenimiento y continuidad del tránsito. Cambiar de recorrido tiene sentido cuando reduce los problemas del trazado actual y ofrece condiciones adecuadas en toda la nueva sección.
Presidencia, el senador y Ocoa de Pie pueden contribuir a que esa evaluación sea pública y a que sus resultados se traduzcan en compromisos verificables. A las autoridades les corresponde presentar el diagnóstico, justificar la alternativa escogida y establecer responsables y plazos. A los representantes de la provincia y a sus organizaciones les toca dar seguimiento, plantear observaciones y exigir que la conectividad de Ocoa se mantenga como una prioridad durante toda la ejecución.
Por los antecedentes conocidos, favorecemos avanzar con la variante como solución de largo plazo, sujeta a que los estudios comparativos confirmen su ventaja. También exigimos atender desde ahora el acceso de la población. Si una evaluación completa demuestra que otra alternativa ofrece mejor seguridad y durabilidad, deberá prevalecer esa evidencia. El compromiso con Ocoa obliga a escoger la obra que mejor proteja su futuro y a llevarla hasta el final. El kilómetro 4 debe dejar de condicionar el desarrollo de toda la provincia.
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