El balance de los primeros diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa reconoce avances en acceso, inversión y condiciones del magisterio, pero advierte que estos no se han traducido en mejoras proporcionales del aprendizaje. El Consejo Económico y Social (CES) también señala brechas persistentes en la calidad y la gestión educativa.
El estudio examina el período 2014–2024 y fue elaborado por Magdalena Lizardo Espinal, con la colaboración de Marygracia Aquino. Publicado en 2026, reconoce entre los cambios relevantes la expansión de la jornada escolar extendida, de la educación inicial y de la atención integral a la primera infancia.
El documento destaca, además, la actualización curricular por competencias y las nuevas normas para la formación y el desarrollo de la carrera docente. Sin embargo, sostiene que las oportunidades educativas siguen distribuyéndose de forma desigual, con brechas territoriales y socioeconómicas y dificultades para que los estudiantes completen a tiempo sus niveles.
El balance identifica factores que afectan las trayectorias escolares, entre ellos la vulnerabilidad económica, la incorporación temprana al trabajo, el embarazo adolescente y las uniones tempranas. En materia de inversión, considera histórico el aumento del gasto, que permitió ampliar infraestructura, servicios y programas, aunque advierte problemas de eficiencia, calidad y alineación con las prioridades estratégicas.
La evaluación de la carrera docente también presenta avances y tareas pendientes. Según el informe, mejoraron las reglas de ingreso, la formación inicial y continua y las condiciones laborales; todavía falta articular de manera efectiva la evaluación, los incentivos y el desarrollo profesional, además de fortalecer el acompañamiento para llevar esos avances a las prácticas de enseñanza.
En la gestión, el documento observa que la estructura continúa centralizada, pese a la modernización administrativa y a mejoras en los sistemas de información. Regionales, distritos y centros tendrían autonomía insuficiente para responder a las necesidades de sus comunidades. También señala que el seguimiento del Pacto carece de un sistema de indicadores oficialmente aprobado y de metas explícitas compartidas.
Para el período restante hasta 2030, el balance propone priorizar los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente, la coordinación institucional y la conexión de la educación con las necesidades productivas. También pide considerar el impacto de la pandemia en los aprendizajes y la equidad. El documento plantea que la efectividad del acuerdo dependerá de convertir sus consensos en resultados verificables en las aulas y en oportunidades concretas para estudiantes de todo el país.
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