El Senado de Chile aprobó el martes 20 de octubre un proyecto que modifica los procedimientos de expulsión de extranjeros sujetos a medidas administrativas. La iniciativa recibió 37 votos a favor y una abstención, y completó su trámite en ambas cámaras, aunque todavía debe cumplir otros procedimientos legales antes de aplicarse.
La propuesta modifica la Ley de Migración y Extranjería y fue respaldada por la Cámara de Diputadas y Diputados antes de su aprobación en el Senado. Entre sus cambios, permite que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite a un juez de garantía autorización para ingresar a domicilios donde estén personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.
El juez tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud. Según el proyecto, el ingreso requiere autorización judicial previa y busca localizar y detener a la persona para ejecutar la orden vigente. La reforma también eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quienes sean afectados por determinadas expulsiones administrativas.
La iniciativa contempla, además, mecanismos para facilitar expulsiones inmediatas de personas en situación migratoria irregular que afronten ciertos procesos penales por delitos menores. La aplicación de esas medidas deberá ajustarse a las condiciones legales y contar con las autorizaciones judiciales correspondientes. El texto también prevé coordinación con el Ministerio Público para evitar que las expulsiones perjudiquen investigaciones en curso o los derechos de las víctimas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, valoró la aprobación y dijo que los cambios buscan mejorar el cumplimiento de las resoluciones administrativas, agilizar los procedimientos y dar mayor seguridad jurídica. La propuesta fue presentada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y luego recibió modificaciones impulsadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Como contexto, el texto cita datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), divulgados por la agencia EFE, según los cuales en Chile hay más de 330,000 extranjeros en situación migratoria irregular. También menciona estimaciones de más de 75,000 órdenes de expulsión pendientes, aproximadamente la mitad correspondientes a ciudadanos venezolanos. La fuente aclara que estar en situación irregular no significa necesariamente tener una orden de expulsión vigente.
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